INSTITUTO EL CATO – GABRIELA CALDERÓN DE BUSTOS – EL CANDIL – AÑO IV – N° 163.
Gabriela Calderón de Burgos indica que el manejo con criterio político de los fondos públicos por parte de los bancos estatales CFN y Banecuador derivó en 2021 en $263 millones de pérdidas.
El presidente decretó esta semana la fusión de dos bancos públicos: la Corporación Financiera Nacional (CFN) y Banecuador para crear un banco público. También anunció ruidosamente la creación de una irrelevante Secretaría de Política Pública Anticorrupción. La verdadera política pública anticorrupción pasa por reducir las oportunidades y la discrecionalidad que tienen los funcionarios públicos para cometer actos de corrupción. Asumiendo que es necesaria la intervención estatal en el financiamiento de determinadas actividades —lo cual es discutible, la fusión de la CFN y Banecuador debería ser aprovechada para implementar de una vez una política anticorrupción para la banca pública, limitando su acción a una banca de segundo piso. Esto es, que el estado solo provea los fondos para que los créditos luego sean asignados y administrados por los bancos privados.
La banca pública se basa en teorías de desarrollo de la década de 1960 que sostenían que era necesario que el Estado intervenga en países con sistemas financieros inexistentes o demasiado primitivos para acelerar de esta manera el desarrollo tanto financiero como económico. Los partidarios de la banca estatal argumentan que la propiedad estatal de los bancos permite al Estado reunir los ahorros y canalizarlos hacia proyectos estratégicos de largo plazo que de otra manera no fueran financiados. Además, sostienen que los funcionarios de la banca pública —que son designados por políticos, al no perseguir el lucro, actuarán de manera desinteresada, eficiente y menos riesgosa.
En la práctica y, particularmente en países con instituciones débiles, la banca estatal no ha satisfecho esas expectativas. Como sucede en Ecuador desde hace décadas, el crédito se concede en base a criterios y conexiones políticas.
Veamos el resultado de este manejo alegre de fondos públicos. La cartera improductiva de los dos bancos fusionados equivale a casi la totalidad de aquella de todos los bancos privados sumados ($615 millones vs. $780 millones), siendo los volúmenes totales de crédito y clientes abismalmente superiores en la banca privada. A marzo de 2022, la morosidad promedio de los bancos privados se ubicó en 2,2% mientras que aquella de la CFN se ubicó en 27% y la de Banecuador en 21%. Esto es, la morosidad de la banca pública es por lo menos diez veces superior a aquella de la banca privada. Al cierre de 2021, las dos entidades acarrearon pérdidas por $263 millones.
El presidente debería convertir el nuevo banco público en uno de segundo piso, reduciendo así las oportunidades y la discrecionalidad de los funcionarios públicos para asignar alegremente el crédito. El gobierno proveería los fondos a través del nuevo Banco de Fomento a la banca privada. Los bancos privados se encargarían de hacer el análisis previo a la concesión de los créditos y de la posterior gestión de los mismos. Los bancos privados asumirían el riesgo de esas operaciones.
Por supuesto que una vez que el nuevo banco estatal sea limitado a proveer fondos se volverá superfluo casi todo su personal, generando un ahorro adicional al estado. Si el gobierno desea estimular particulares sectores de la economía, como el agro, bien podría hacerlo facilitando la titularización de las propiedades y reduciendo impuestos.
Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 6 de mayo de 2022.
AUTOR: Gabriela Calderón de Burgos. Es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador).
NOTA DEL EDITOR: Articulo tomado de la página de EL CATO INSTITUTE para ser compartido con EL CANDIL con autorización de los administradores.
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