ÁLVARO RAMÍREZ – EL CANDIL – AÑO VI – N° 272.-

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Recientemente parece rutinario en la parrilla de noticias de los medios, el tratamiento de temas sobre corrupción. A escala y en supuestos ambientes y circunstancias relacionadas con dignatarios, organizaciones y negocios o servicios especialmente sensibles y de aparente impacto general en la sociedad.   Escándalos asociados a la dignidad presidencial en varios países, organizaciones de alto impacto económico en el presupuesto del estado y servicios de asistencia o alivio a la población ante catástrofes naturales que escapan a su control.  La gran mayoría de ciudadanos aparentemente se escandaliza cuando surgen las denuncias de los hechos.

Sin embargo, no se trata de acciones ocultas y manejadas por una minoría tras bambalinas. Pareciera que la mayoría de los casos hoy bajo escrutinio, son secretos a voces que solo cuando se presentan como notica por los medios de comunicación y se les introduce aspectos políticos y partidistas se pueden “comercializar” o sacar partido de ellas, escandalizan a la sociedad. Tanto que en algunos casos empieza a juzgarse la ilegalidad de haber hecho público el “secreto” y no el hecho punible. Robarse el dinero dedicado al alimento de los niños educandos, el dinero dedicado a compensar los daños causados por calamidades o desastres naturales a la población o desfalcar la empresa sostén de la economía de un país, no pueden ser acciones que se tomen en la soledad de algún recinto sin que nadie se entere. Por el contrario, son esquemas de estafa que involucran una cantidad significativa de actores directos e indirectos y toda una población que calla las preguntas que de otra forma saltan a la vista.

Recuerdo una frase que empleó en algún momento un político para discutir algún caso de corrupción: “Se puede ocultar la mano que roba, pero no la mano que gasta” Quien puede ocultar la quiebra de una de las empresas petroleras más importantes del mundo. ¿Quién podía ocultar el gasto masivo fraudulento de divisas que realmente no se consumían?  ¿Quién puede ocultar que a los niños de las escuelas no le den su merienda, a pesar de la publicación de fotografías montadas entregándole la misma merienda a todos los niños sin permitirle que la consuman? ¿Quién puede ocultar, la no ejecución contratada de una obra de contención que evita la inundación de un pueblo? 

¿Qué está pasando? 

¿Podría decirse que pareciera que ya nos estamos acostumbrando a que todo tiene un precio, pagadero de inmediato y de contado? La respuesta afirmativa pudiera parecer aterradora. Sin embargo, debe verse un poco a la luz de los hechos noticiosos.                                                   

Tratando de ver diferentes situaciones en países de la región, aunque también en otros lugares del mundo, todos pregonan como esquema de gobierno, la democracia, con procesos electorales periódicos como lo ordenan las diferentes constituciones. Todas contemplan como democracia un balance de poderes con un ejecutivo, un legislativo y un judicial con atribuciones claramente definidas y con algunas diferencias en procesos específicos como nombramiento de autoridades de órganos de control y acciones en casos puntuales. Sin embargo, el espíritu de la existencia de los tres poderes está claramente orientado a la existencia de pesos y contrapesos que garanticen el funcionamiento del estado al servicio de la sociedad.

Ese funcionamiento de pesos y contrapesos pudiera tener dos enfoques. Uno de ellos el de sumar esfuerzos para obtener resultados favorables en la gobernanza y sostenibilidad del país. Otro enfoque es el de neutralizar el intento de cualquiera de los poderes de incurrir en excesos e imponer su voluntad de espaldas a la conveniencia de las mayorías.

Ante los diferentes enfoques sobre la forma de desarrollar el potencial de la sociedad y los planes a seguir para lograrlo, se genera la necesidad de negociar, para acordar acciones en los roles que deben cumplir el Ejecutivo y el Legislativo, electos directamente por la sociedad como sus representantes depositarios del mandato. En las cartas rectoras de los países, las constituciones, se encuentra definida la forma de funcionar y los alcances de esas funciones de las instituciones. Sin embargo, el comportamiento individual en ellas marca la diferencia en los logros.   

Cualquier esquema de negociación requiere el aporte de las partes enmarcado en una actitud: Confrontacional o colaborativa.  Esta actitud viene dada por los comportamientos individuales.

Negociar el funcionamiento del país y la definición y desarrollo de planes a futuro termina haciéndose entre individualidades con intereses personales, partidos convertidos casi en franquicias, poder económico con intereses empresariales, pero bajo la supuesta concepción definida por la constitución y leyes, del supremo interés colectivo.

El marco hace difícil la situación y lleva a que las partes traten de manipular los nombramientos, repartiendo, amenazando con pérdida de poder, controlando y poniendo a su servicio órganos adicionales de control y lo que es más grave, generando sistemáticamente la desconfianza en instituciones, para debilitarlas y poderlas tomar y ponerlas a su servicio. La supuesta integración y colaboración entre los poderes del estado para el bien común y lo que llaman “la mayor suma de felicidad posible de la sociedad”, termina siendo la polarización, la confrontación, el cultivo de la agresividad entre los ciudadanos y sobre todo, la imposibilidad de llevar a cabo proyectos de desarrollo de largo alcance en el tiempo. Contrariamente a lo deseado y supuestamente diseñado, se percibe siempre la división y agresividad entre poderes, la obstrucción y la confabulación para obtener resultados no favorables a la sociedad. Ejemplos tenemos de sobra. Presidentes destituidos por las asambleas. Asambleas cerradas por el presidente. Asambleas tomadas por grupos, atacadas por maleantes, organismos de control y de justicia como las cortes, tomadas y ejerciendo abiertamente a favor de intereses de alguna fracción y últimamente, el abierto soborno o extorsión de “honorables” representantes de los poderes legislativos judiciales o ejecutivos, para doblegar el ejercicio de otros poderes e imponer acciones no necesariamente en beneficio de la sociedad. 

Con estos ejemplos pareciera que se está conduciendo a las sociedades en general, a aceptar que, en la práctica, ya está extendido y “entendido” el beneficio personal inmediato como derecho natural supremo, por encima de cualquier mandato supuestamente aceptado, de la sociedad que elige a sus representantes.

El ser humano busca como un derecho el beneficio personal como retribución natural de su esfuerzo. El individuo y sus necesidades como eje alrededor del cual giran sus acciones, como motivación primaria. La inmediatez en la obtención de beneficios y el irrespeto de ese mismo derecho en otros es lo que atenta en muchos casos contra la honestidad, especialmente si se trabaja con recursos públicos, de otros. 

El altruismo, la filantropía, no figura en la lista de los primeros motivadores del accionar de las personas.

Por el contrario, así solo sea la satisfacción del ego, como beneficio personal de demostrar sapiencia e infalibilidad, lleva a los individuos a cometer acciones impensadas para no reconocer equivocaciones y abandonar prácticas y ensayos previamente intentados y comprobados como generadores de fracasos.

Mientras las instituciones estén compuestas por seres humanos y se pretenda que debe juzgárseles como ángeles mientras hay miles pretendiendo remplazarlos, es tratar de luchar contra lo que se ha convertido en una realidad.

No se me malinterprete, no creo que el hecho de ver como se hace cada vez más flexible el concepto de honradez y el impacto de la corrupción, omnipresente en la administración de los bienes públicos, la convierte en una práctica honesta. Lo que creo que se demuestra, es que el interés en beneficios personales inmediatos no es la excepción en actividades asociadas a la administración de recursos públicos, por tanto, su eliminación requiere adoptar esquemas que tengan en cuenta esa realidad.

Definitivamente el concepto y término corrupción no puede caer en el grupo de delitos que por cambiarles de nombre dejen de serlo, así la ejerza casi como actividad oficial, el mismo estado. Se debe buscar otra salida diferente a la simple de cambiarle el nombre.

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