ÁNGEL ALBERTO BELLORÍN – EL CANDIL – AÑO V – N° 253.-
Un menú chileno para Venezuela
No tengo idea como se me ocurrió el título de este escrito que, luego de calmar un poco mi indignación, conocer sobre el entierro de Ojeda en Chile y leer la noticia que aquí comparto decido hacer hoy.
Lo inicio con la siguiente cita: » Un entierro que también mezcló dolor, indignación e incertidumbre, porque al cumplirse 17 días del operativo de un comando paramilitar que extrajo a la fuerza de su hogar al teniente venezolano no se ha avanzado en la captura de los asesinos materiales y en la identidad de quienes ordenaron su muerte. Eso sí, la viuda no tiene ninguna duda: «Es un secreto a voces, todo el mundo sabe quién es el culpable… Detrás de esto está el Gobierno de Venezuela». Fin de la cita.
https://www.elmundo.es/internacional/2024/03/09/65ec91f6e9cf4abc7d8b4587.html
Es necesario dejar constancia de mi opinión sobre todo el circo socialista en que las autoridades chilenas han convertido el secuestro y posterior asesinato en la capital de ese país, del joven militar venezolano Ronald Ojeda.
El Ministerio Chileno del Interior con su viceministro de nombre Manuel Monsalve, surgió como actor principal de la trama en los inicios de su puesta en escena. Este personaje que menciono en mi escrito del 22 de febrero que titulé «Secuestro o entrega negociada», lo considero involucrado hasta los tuétanos. Por los giros de la trama, se vio obligado a ceder ese espacio protagónico al fiscal Héctor Barros.
Este es un personaje que según su currículo público, muestra muchas credenciales pasadas resolviendo asuntos policiales en Chile, pero que hasta el momento en sus actuaciones en el caso no refleja firmeza, veracidad ni confianza.
Es a Héctor Barros a quien se observa en varias declaraciones «embarrando» el caso de tal forma que casi en forma inmediata hemos observado a su superior contradecirlo y tratando de «remendar el capote».
Como superior de Barros me refiero al homólogo de Tareck Saab en Chile, el Fiscal General, rector del Ministerio Público chileno señor Ángel Valencia. En razón de ambos personajes, es necesario afirmar que tanto Valencia como Barros sustituyeron al pronto desgastado Manuel Monsalve, quienes pretenden imponer un libreto con clara intención de desviar la atención sobre la vinculación política del gobierno chileno con el caso. En su actuación, ambas personas están volviendo un cangrejo el caso del Teniente Ojeda.
A mí modo de analizar el desarrollo de los eventos, aún sin alcanzar la magnitud teatral de nuestro sin par Tareck Saab, podemos observar cómo se ha tratado desde el inicio de evitar involucrar al gobierno como parte necesaria de los eventos ocurridos.
Se intenta hacer, construyendo sobre la marcha, un improvisado libreto. Si se revisa con detenimiento la prensa chilena, al día siguiente del secuestro, se dejó filtrar solo dos vídeos del pasillo del piso 14 cuando secuestradores con el secuestrado se dirigían hacia el ascensor. Esa filtración, hecha con alguna desconocida intención, demostraba equipos, entrenamiento y profesionalismo del grupo secuestrador. Eso fue el detalle impactante de lo observado en ese vídeo.
Cuando surgió la versión que tales secuestradores podían ser funcionarios de inteligencia venezolana actuando directamente en Chile, se les vino el mundo encima a los socios chilenos del Chavismo.
Si se revisan las declaraciones tanto de Manuel Monsalve como todas las notas de prensa alimentadas por el gobierno, se puede verificar desde el inicio el esfuerzo mediático del ejecutivo chileno para evitar cualquier matriz de opinión que involucre la incursión venezolana en ese país, conjuntamente con propaganda para también negar que los secuestradores que eran policías chilenos.
En esa misma línea de acción política, nótese que todas las notas de prensa del caso, desde el inicio del evento aún señalan la tesis de «falsos funcionarios», » falsos policías» o » secuestradores disfrazados de policías».
Para ese momento, cuando aún no habían sospechosos, no habían detenidos, ni se podía atribuir autoría, era poco profesional y ético descartar al mismo tiempo las dos tesis evidentes del primer video filtrado. El principio lógico de » Tercero excluido» hacia de las suyas.
La evidencia racional era de solo dos posibilidades, o eran expertos profesionales chilenos o lo eran venezolanos.
Había que construir rápidamente una tercera versión y vender a la opinión pública el entrenamiento militar de alguna organización criminal para excluir a los funcionarios de ambos gobiernos.
Presumo que Tareck Saab, experto conocedor del mítico tren de Aragua brindó su ayuda sin duda alguna; la fiscalía chilena fue entrenada por la fiscalía venezolana y no es de extrañar que, para este caso, se echen sus llamaditas.
La gran diferencia con Venezuela la hace la prensa libre chilena.
Muchos profesionales que expresan abiertamente, sin miedo a represalias, las inmensas dudas que, en vez de ser aclaradas vemos oscurecer.
Eso ni se sueña aquí en Venezuela cuando el fiscal Tareck o cualquiera de los capitostes chavistas hacen ruedas de prensa con público cautivo, dónde con impunidad y cinismo manifiestan sus grotescas versiones de cualquier cosa, sin preguntas complicadas que los molesten.
Los Tareck sureños, ante su realidad se aferran al «secreto sumarial» como única arma para tratar de contener que la verdad los arrase. Van soltando por pequeña dosis videos y pastillas de sus presuntas pruebas para tratar de justificar el libreto creado y cada nuevo elemento para armar su versión.
Ahora bien, es sabido que la verdad es terca y, al tratar de ocultarla, siempre intentará salir por cualquiera de las grietas que surgen en argumentos inventados. Allí, en esas contradicciones absurdas, comienzan a descubrirse mentiras y mentirosos.
Hasta ahora la versión que trata de Imponer el chavismo chileno es toda una novela dónde el actor principal es un indocumentado, pero que sin tener documentos, ellos saben y están seguros que es un menor de edad.
Un desconocido menor de edad es la excusa perfecta para no tener que mencionar nombre ni mostrar rostro.
Eso si, todo lo que dice es validado por los fiscales y transformado en premisas de su teoría. Un presunto menor que nadie ha visto, no tiene familiares adultos que lo representen ni abogado que informe sobre su debida defensa y situación.
Un presunto venezolano a quien alguien deben conocer en Venezuela y que debe tener doliente. ¿Será verdad su existencia? Al igual que muchos casos venezolanos, a este fantasma lo han convertido en un testigo estrella que contradictoriamente, en una primera versión lo agarraron merodeando el edificio donde secuestraron al Tte.
En otra versión era un campanero que capturaron en el sector dónde estaba enterrado el cadáver. A continuación, la última versión pública manifestada por el fiscal Barros en reciente declaraciones a la prensa tras la imputación del misterioso joven. Cito “La participación de él es en torno al sitio del suceso, en cuanto a prestar cobertura como quedó establecido el día de hoy en la audiencia, posteriormente trasladarse al lugar en el que la víctima y los falsos funcionarios policiales hicieron cambio de vehículo”. Fin de la cita.
Volviendo al tema de los «Falsos funcionarios policiales» que nuevamente se observa en la declaración citada de Barros y convertida en consigna chilena, hace apenas un día.
Con el evidente objetivo de intentar justificar una misteriosa huella digital encontrada en el destrozado teléfono del malogrado Teniente Ojeda, el gobierno hizo público otro vídeo. La nueva gota que saca el gobierno es dentro del ascensor.
La versión oficial lo hace tardíamente público con rebuscados esfuerzos para hacer creer que se veía la mano del secuestrador con el teléfono recuperado. De allí su huella y su eficiente identificación del ahora solicitado que mencionan como el líder del secuestro. Sin embargo, en ese vídeo sin audio, con más claridad que la mano que dejó la huella, se observa al Teniente Ojeda serenamente intercambiando conversación con su captor.
Con esa otra lectura del vídeo, también se hace evidente que Ojeda no opuso resistencia ante un hecho que debía presumir como una detención policial. Al ser así, toda la situación debía aclararse en un debido proceso.
Colocándome en el lugar del teniente Ojeda, si en esa conversación hubiera detectado que mi captor era venezolano, jamás habría supuesto que era una detención policial, tenían que matarme en el propio ascensor.
La grabación habría captado una escena distinta, un teniente Ojeda tirando golpes con la cabeza, dando patadas, defendiéndose mentando, madre, haciendo ruido, etc. Un vídeo en las circunstancias descritas si sería la evidencia de un secuestro y no una detención policial.
La lógica lleva a concluir que fue la policía chilena la que lo detuvo y lo trasladaron para entregarlo a otro grupo aún no determinado.
Creo que ese secuestro tenía que ser grabado para publicitar el hecho y amedrentar a los jóvenes militares.
Presumo que algo salió mal con el grupo que lo iba a sacar del país y de allí su ejecución.
No hay otra explicación para que, a pesar de que las autoridades chilenas actuantes tengan en su poder todos los vídeos, los estén sacando por gotas y editados con sus explicaciones dirigidas a su libreto.
Llama la atención que el ocultamiento del cadáver fue en un sitio más cercano a la residencia del Ojeda que del sitio donde apareció el vehículo utilizado inicialmente.
Demasiadas contradicciones para valorar en tan poco espacio.
Lo indiscutible es el hecho que están construyendo pruebas absurdas para tapar la complicidad del gobierno chileno.
Caracas 9 de marzo del 2024.
Ángel Alberto Bellorín
Coronel Retirado del Ejército Venezolano. Abogado Magna Cum Laude. Lic. en Ciencias y Artes Militares. Magister y Doctor en Derecho Constitucional. Estudios Doctorales en Educación y en Seguridad y Defensa. Profesor Titular en institutos de postgado de la Universidad Militar y Universidad Simón Rodriguez.