ÁLVARO RAMÍREZ – EL CANDIL – AÑO III – N° 143.

Hablábamos hace poco de las dictaduras y nos preguntábamos cuál nos gusta, a propósito de la “Dictadura de los Likes» que nos tomó por asalto, a raíz de la “revolución de las emociones».

Hay alguna otra dictadura que se ha ido afianzando con el apoyo de muchos seguidores, admiradores o simplemente usuarios practicantes. Es la dictadura del “Uso y Costumbre». Con el “Uso y Costumbre» muchas personas manejan problemas que de otra forma requerirían soluciones diferentes.

Poco a poco hemos ido aceptando como “normal”, ciertos comportamientos que tienen que ver con el incumplimiento de reglas, aparentemente de poca importancia y que no llegan a calificar a la persona que las incumple, como delincuentes.

El “Uso y Costumbre” se ha convertido en el mecanismo “aceptado» para manejar situaciones que pudieran encontrarse, según la apreciación de algunos, en una zona gris respecto al cumplimiento de normas y respeto de los derechos de los demás.

Recientemente han salido a relucir noticias de honorables profesionales y aspirantes a representar el pueblo y su comportamiento y valores, envueltos en episodios de credenciales falsas y logros nunca alcanzados, para hacerse merecedores a una posición que los requiere. Títulos falsos, tesis plagiadas, compromisos no cumplidos, se han convertido en el “Uso y Costumbre”. La justificación y absolución viene por el lado de “todo el mundo lo hace”. Como todo el mundo lo hace, es normal. Como es normal, está bien y como está bien yo también puedo hacerlo.

“Vecino véndamelo sin factura y me lo rebaja». ¿Suena hasta bien verdad? Alguien diría “ganamos todos».

“Yo no pago impuestos porque se los roban»

“Como ayer no pudiste ir a clase por el cumpleaños de tu hermanita, pídele a tu amigo que te pase la tarea»

“No pude pagar la administración este mes por que tenía que comprar los regalos de navidad. La pago el mes siguiente, al fin de cuentas no me cobran interés por atrasarme un mes”.

“Estaciónate en el puesto de inválidos, allí nunca se para nadie.  

“Para qué pagar el seguro obligatorio, nadie lo paga»

Creo que todos hemos escuchado esas frases que justifican comportamientos que aunque no son plenamente delincuenciales, representan una desviación al “deber ser”. Creo que también todos estamos familiarizados con el “Uso y Costumbre”, “todo el mundo lo hace”, “no pasa nada”, “nadie reclama”. El problema es que cada vez más personas caen en esos comportamientos, cada vez menos personas muestran su desacuerdo y los hechos asociados con esas justificaciones cada vez son más graves. Pareciera que lo que hace cierto tiempo era practicado por una minoría, poco a poco se ha convertido en habitual para la mayoría y se ha expandido a hechos claramente delictuales como sobornos, malversación de fondos, evasión de impuestos, prevaricato y hasta asociación para delinquir.

¿Qué ha cambiado?   

¿Podemos pensar que con leyes y controles se puede acabar la corrupción? ¿Qué aumentando el pie de fuerza se disminuye la cantidad de delitos? ¿Qué decretando penas mayores disminuirá el crimen? Pienso que ninguno de esos indicadores mejorará mientras el juicio público de la mayoría no sea abiertamente condenatorio de esos comportamientos.

Me acuerdo de una frase famosa de un político que decía “todo el mundo roba porque no tiene razón para no hacerlo»

Recientemente un alcalde reclamaba que se pretendía estigmatizar a las personas por su indumentaria, porque en las manifestaciones participaban “pacíficamente encapuchados”.

También es celebre la convocatoria de un líder de la asociación de educadores a todos sus “educandos”, a que lo ayudaran con sus manifestaciones, protestas y suspensión de clases, a tomarse el poder.    

Otros legisladores consideraron que identificar a los transgresores era someter a los ciudadanos al “escarnio público”. Conozco el caso de un inquilino ocupante de una vivienda en una zona de estrato 6 de la capital, que amenazó a la administradora del inmueble con demandarla, porque se atrevió a denunciarlo y hacer público que no había pagado el alquiler durante dos años.

Recientemente se ha legislado para limitar la función del sistema de registro de evasores de obligaciones financieras.  

En tiempos pasados no tan lejanos, el comportamiento de buen ciudadano era reforzado por la condena publica al transgresor. Quien pasaba la línea amarilla en la fila para esperar el metro, quien avanzaba más allá de la línea de espera en cualquier oficina, quien dejaba de pagar la administración a la asociación de vecinos, quien no asistía a la reunión de padres, era públicamente identificado y sometido al juicio de la mayoría cumplidora de sus obligaciones. El problema es que ante la ausencia de juicio de una mayoría pasiva y silenciosa, cada vez más personas están dispuestas a transgredir las normas y justificarse con el “Uso y Costumbre”.  

Recuerdo en algunas clases de ética, cómo a los asistentes se les reforzaba, no la necesidad de establecer normas, controles y penas sino la conveniencia para la adecuada convivencia, de ser transparente en su comportamiento. Recuerdo que a modo de ejemplo, se les indicaba a los participantes que en caso de dudas por “zonas grises” en el comportamiento, se preguntaran si podrían publicar sus decisiones asociadas a la administración de fondos públicos en un periódico. O si podrían compartir con sus hijos o madre sus decisiones.

El concepto de “ética” es lo que ha cambiado. Pareciera que hoy en día es permitido todo lo que sea difícil de detectar, o que no genere reclamos de las autoridades, o condena de un juez.

Hasta hace poco la “dictadura de la ética” era la que regía la interacción entre los miembros de la sociedad. No se requería sistemas automatizados para hacer respetar el turno en cualquier oficina pública. No se requería contratos notariados, registrados y con dos fiadores para evitar el incumplimiento del pago del alquiler. No se requería juicios forzados con tutelas para que un juez decidiera proteger los derechos de la parte afectada por el incumplimiento de un contrato. No se requería pólizas de todo tipo para cubrir el incumplimiento en cualquier proyecto u obra contratada. En pocas palabras, con la “dictadura de la ética” no se requería el incremento de costos asociados a controles exhaustivos, aumento de la agobiante burocracia de la justicia, o pérdida de agilidad en cualquier decisión asociada a la administración de bienes públicos.

Lo que ha cambiado es la concepción de obligatoriedad de respetar los derechos de los demás. La adopción real de la responsabilidad de cada quien por sus acciones. La percepción respecto a colocar el bien común por encima de las conveniencias personales. La necesidad de convertirse en maestro, guía y modelo de verdad para aquellos a quienes debo formar. La necesidad de que la mayoría pasiva abandone el desinterés y decida identificar y señalar al abusador.          

No estamos aquí justificando el juicio oculto detrás de un teclado para asignar un like o un rechazo, sin mayor compromiso de quien lo emite. Estamos aquí diciendo la ventaja que representa para una sociedad que cada uno de sus miembros adopte el compromiso de rechazar públicamente las transgresiones detectadas y en muchos casos evidentes, e identificar al transgresor. Mal utilizar los bienes públicos, destruir infraestructura, violar los derechos de quienes no quieren protestar, aprovechar las posiciones publicas para beneficio personal, evadir impuestos y pagos de compromisos, son transgresiones y no se deben aceptar. Se deben hacer públicas contribuyendo a identificar al abusador, por más que use “vestimenta” que lo oculte, se encuentre “indignado», o sea “Uso y Costumbre” lo que hace.

Hay actitudes que nacen y se desarrollan ante la pasividad de la mayoría silenciosa que se convierte en cómplice o premia transgresiones. Recuerdo cuando los jueves se convirtieron en el día que no había clases en la universidad, porque era el día para “tirar piedra” encapuchados. Esos encapuchados hoy son ministros del poder popular, obviamente sin esa indumentaria.

¿Será un buen ministro de educación el directivo que solicita a sus educandos que lo apoyen para tomarse el poder? ¿Será buen ministro de industria y comercio quien convoca a vandalizar comercios y promete expropiar empresas? ¿Será buen ministro de gobierno quien pide que la policía se desarme y respete a los encapuchados que vandalizan? ¿Será buen ministro de transporte y comunicaciones quien pide, lanzando piedras, que se destruya el transporte público? ¿Será buen ministro de economía quien solicita que todos los servicios sean gratuitos y no se suban los impuestos? ¿Será buen gestor de paz quien solicita que se respete el sagrado derecho a la rebelión y apoya a los transgresores de los acuerdos?     

¿Cuál dictadura eliges? ¿La del “poder popular encapuchado» o la de la ética que identifica y exige responsabilidades?

BOGOTÁ – COLOMBIA