Capítulo 5-Revoluciones de la dignidad–Francis Fukuyama

Por Manuel Barreto Hernaiz

Se transcribe aquí completamente el capítulo 5 del libro «Dignidad», de Francis Fukuyama, dado el extraordinario mensaje del escritor, en el cual explica de como la lucha del hombre por su Dignidad ha dado origen a las revoluciones mas importantes de la humanidad.

La demanda por el reconocimiento igualitario de la dignidad animó la Revolución francesa, y continúa hasta nuestros días. 

El 17 de diciembre de 2010, la policía confiscó los productos del carrito de verduras de un vendedor ambulante tunecino llamado Mohamed Bouazizi, al parecer por no tener permiso. Según su familia, Faida Hamdi, una mujer policía, le abofeteó públicamente, y además le confiscó su balanza electrónica y le escupió en la cara. (El hecho de que Hamdi fuera mujer puede haber incrementado su sentimiento de humillación en una cultura dominada por los hombres.) Bouazizi fue a la oficina del gobernador para quejarse y recuperar su balanza, pero el gobernador se negó a verlo. Entonces Bouazizi se roció con gasolina, se prendió fuego y gritó: «¿Cómo quieres que me gane la vida?».

La noticia de este incidente se propagó como un incendio en todo el mundo árabe, y provocó lo que se conoció como la Primavera Árabe. El efecto inmediato se sintió en Túnez, donde menos de un mes después los disturbios generalizados llevaron a la renuncia y huida del veterano dictador del país, Zine El Abidine Ben Ali. Estallaron protestas multitudinarias en otras ciudades árabes, especialmente en el cercano Egipto, donde el dictador de ese país, Hosni Mubarak, fue expulsado del poder en febrero de 2011. Se produjeron protestas y levantamientos en Libia, Yemen, Baréin y Siria cuando las poblaciones se sintieron empoderadas y repentinamente dispuestas a criticar a sus autoritarios líderes.

Lo que unía a todos estos manifestantes era el resentimiento por haber sido humillados e ignorados por sus gobiernos..

En los años posteriores, la Primavera Árabe fue un fracaso absoluto. La tragedia más grande tuvo lugar en Siria, donde el dictador de ese país, Bashar al-Asad, se negó a abandonar el poder y lanzó una guerra contra su propio pueblo que hasta la fecha ha acabado con la vida de más de cuatrocientas mil personas y forzado el desplazamiento de varios millones más. En Egipto, las primeras elecciones democráticas llevaron al poder a los Hermanos Musulmanes; los temores de que impondrían su islamismo en el país llevaron a los militares a dar un golpe de Estado en 2013. Libia y Yemen han caído en sangrientas guerras civiles, y los gobernantes autoritarios han reforzado su control en toda la región. Sólo Túnez, donde se originó la Primavera Árabe, se parece en algo a una democracia liberal, pero su situación pende de un hilo.

Es fácil recordar estos acontecimientos y argumentar que la Primavera Árabe no tuvo nada que ver con la democracia desde el principio, y que la tendencia política dominante en la región es una versión intolerante del islam. Sin embargo, esto no hace justicia a las pasiones políticas desatadas por la autoinmolación de Mohamed Bouazizi. El mundo árabe había sufrido dictaduras represivas y estancadas durante años; ¿por qué, de repente, las masas arriesgaban la vida en respuesta a un solo incidente?

Los detalles de la historia de Bouazizi son reveladores. No era un manifestante ni un preso político maltratado por el régimen, sino un ciudadano común que luchaba por ganarse la vida en la economía informal.. Muchos empresarios del mundo en desarrollo siguen operando en la economía informal porque los gobiernos hacen que sea demasiado difícil cumplir con una serie de requisitos legales para dirigir un negocio formal. Lo que hizo demasiado familiar la experiencia de Bouazizi para millones de personas en el mundo árabe fue la forma en que el Estado tunecino le trató: confiscaron arbitrariamente los bienes de los que dependía su vida, le humillaron públicamente, y cuando trató de quejarse y de recibir justicia, nadie le escuchó. El Estado no lo trató como a un ser humano: es decir, como un agente moral digno de un mínimo respeto, que al menos habría merecido una explicación o una justificación de por qué se habían apoderado de su sustento. Para millones de personas en el mundo árabe, su autoinmolación cristalizó la sensación de injusticia que sentían hacia los regímenes bajo los que vivían.

Posteriormente, el mundo árabe cayó en el caos porque los propios árabes eran incapaces de ponerse de acuerdo sobre qué tipo de régimen debía reemplazar a las antiguas dictaduras. Sin embargo, por un momento, en 2011, había un fuerte consenso sobre lo que no querían: gobiernos autoritarios que los trataban en el mejor de los casos como niños y, en el peor, como sujetos a los que políticos corruptos engañaban, explotaban económicamente o utilizaban como carne de cañón en guerras. 

En las últimas dos generaciones, el mundo ha asistido a un gran número de levantamientos espontáneos contra gobiernos autoritarios, desde las protestas que derribaron los regímenes comunistas en 1989, hasta la transición de Sudáfrica del apartheid, pasando por otras movilizaciones ciudadanas en el África subsahariana en la década de 1990, o las «revoluciones de colores» en Georgia y Ucrania a principios de la década de 2000 en las que el reconocimiento de la dignidad humana básica fue un tema central.

Uno de esos levantamientos, incluso llegó a ser conocido como la Revolución de la dignidad. En noviembre de 2013, el presidente ucraniano, Víktor Yanukóvich, anunció que suspendía el intento de su país de firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea y que buscaría una cooperación más estrecha con Rusia y la Unión Económica Euroasiática del presidente ruso Vladímir Putin. Yanukóvich era primer ministro en el momento de la Revolución Naranja en 2004; sus esfuerzos por manipular su elección desde el poder provocaron un levantamiento popular que obligó a repetir las elecciones, cuya derrota esta vez asumió. Sin embargo, en 2010 alcanzó la presidencia debido a que la corrupta y dividida Coalición Naranja que llegó al poder incumplió sus promesas.

El esfuerzo de Yanukóvich por devolver Ucrania a la órbita rusa provocó una serie de protestas espontáneas en la capital, Kiev, donde a principios de diciembre casi ochocientas mil personas se reunieron en la plaza Maidán para apoyar la alianza con la UE. El régimen respondió con violencia, pero como ocurre en muchas situaciones de este tipo, el asesinato de manifestantes alimentó la indignación e incrementó las multitudes que apoyan el movimiento Euromaidán. Tras la muerte de más de cien manifestantes en febrero, Yanukóvich perdió el control de la situación y dejó la presidencia, lo que derivó en una nueva apertura política en Ucrania.

Desde estos acontecimientos, Ucrania no ha tenido mucho más éxito que Túnez a la hora de convertirse en una democracia liberal funcional. La economía y la política están dominadas por un pequeño grupo de oligarcas, uno de los cuales, Petró Poroshenko, sería elegido presidente en 2014. El Gobierno, aunque democráticamente electo, está anegado de corrupción y se enfrenta a la hostilidad declarada de Rusia, que se apoderó de Crimea ese mismo año y comenzó una guerra en el este de Ucrania. Sin embargo, es importante comprender los motivos subyacentes de los actores políticos que llevaron al Euromaidán y a la Revolución de la dignidad.

Estrictamente hablando, el levantamiento no exigía democracia, si por democracia nos referimos a la elección pública expresada a través del voto. Yanukóvich había sido elegido presidente legítimamente en 2010 con el apoyo de su Partido de las Regiones. Más bien, el movimiento tenía que ver con la corrupción y el abuso de poder. Como presidente, Yanukóvich fue capaz de acumular una riqueza personal de miles de millones de dólares, ya que las revelaciones sobre su llamativo palacio y otras propiedades no tardarían en revelarse. El Partido de las Regiones recibió un fuerte apoyo de un oligarca en la sombra, Rinat Ajmétov, que controlaba la mayoría de las grandes industrias del este de Ucrania. La elección entre alinearse con la UE o con la Rusia de Putin se veía como una opción entre vivir bajo un gobierno moderno que trataba a las personas por igual como ciudadanos, y vivir bajo un régimen en el que la democracia era manipulada por los cleptócratas que se benefician a sí mismos tras una apariencia de formas democráticas. La Rusia de Putin representaba el epítome de ese tipo de Estado mafioso; la asociación preferente con ella en lugar de Europa representaba un paso hacia un mundo en el que el poder real estaba en manos de una élite impune. De ahí la creencia de que el levantamiento del Euromaidán buscaba recuperar la dignidad básica de los ciudadanos comunes y corrientes.

Los impulsos de las primeras etapas de la Primavera Árabe y las revoluciones de colores apuntan al núcleo moral de la democracia liberal moderna. Tales regímenes se basan en los principios gemelos de libertad e igualdad. La libertad se puede entender en un sentido negativo, como la libertad del poder del Gobierno. Ésta es la forma en que muchos conservadores estadounidenses interpretan esta palabra: se debe permitir que las personas sigan con su vida privada como les parezca. Pero la libertad, generalmente, significa algo más que estar a salvo del Gobierno: significa agencia humana, la capacidad de ejercer una parte del poder por medio de la participación activa en el autogobierno. Éste era el significado de agencia que asumían las multitudes en las calles de Túnez o El Cairo o Kiev, quienes por primera vez sintieron que podían cambiar la forma en que el Gobierno utilizaba el poder. Esta libertad se institucionaliza a través del sufragio, lo que da a cada ciudadano una pequeña parte del poder político. También se institucionaliza en los derechos a la libertad de expresión y reunión, que son vías para la libre expresión política. Muchas constituciones democráticas modernas consagran así el principio de igual dignidad. Se basan en la tradición cristiana que considera que la dignidad está enraizada en la agencia moral humana. Pero esa agencia no se considera ahora en un sentido religioso, como la capacidad de aceptar a Dios; es, en cambio, la capacidad de participar en el ejercicio del poder como miembro de una comunidad política democrática.

En las democracias liberales modernas, el segundo principio —la igualdad— rara vez se entiende como un compromiso con la igualdad económica o social sustantiva. Los regímenes socialistas que intentaron llevar esto a la práctica entraron pronto en conflicto con el primer principio de libertad, que exigía, como así hicieron, un control estatal total sobre las vidas de sus ciudadanos. Las economías de mercado dependen de la búsqueda individual del interés personal, lo que conduce a desigualdades de riqueza, dadas las capacidades distintas de la gente y sus condiciones de partida. En una democracia liberal moderna, la igualdad siempre se ha parecido más a una igualdad en la libertad. Esto significa tanto una igual libertad negativa contra el poder abusivo del Gobierno como una igual libertad positiva para participar en el autogobierno y en la economía. 

 Las democracias liberales modernas institucionalizan estos principios de libertad e igualdad mediante la creación de Estados que, en cambio, están limitados por el imperio de la ley y la responsabilidad democrática. El Estado de derecho limita el poder al otorgar a los ciudadanos ciertos derechos básicos. En determinados asuntos como la libertad de expresión y de asociación, la propiedad y las creencias religiosas, el Estado no restringe la elección individual. El Estado de derecho también sirve al principio de igualdad al aplicar esas reglas por igual a todos los ciudadanos, incluidos aquellos que ocupan los cargos políticos más importantes del sistema. La responsabilidad democrática, a su vez, busca darles a todos los ciudadanos adultos la misma proporción de poder emancipándolos a través de elecciones democráticas que les permiten reemplazar a los gobernantes si se oponen a su gestión del poder. Ésta es la razón por la que el Estado de derecho y la rendición de cuentas democrática han estado tan estrechamente entrelazados. La ley protege tanto la libertad negativa contra el abuso del Gobierno como la libertad positiva de participación igualitaria, como lo hizo durante los años de lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Por su parte, la participación democrática protege el sistema judicial del abuso. Durante la guerra civil inglesa, en el siglo XVII, el Parlamento se unió en su defensa de la independencia de los tribunales, como lo intentó la sociedad civil polaca en el año 2017, cuando el partido gobernante amenazó la independencia judicial.

Las democracias liberales del mundo real nunca están a la altura de los ideales subyacentes de libertad e igualdad. Los derechos se violan con mucha frecuencia; la ley nunca se aplica por igual a los ricos y los poderosos que a los pobres y los débiles; los ciudadanos, aunque tienen la oportunidad de participar, asiduamente eligen no hacerlo.. Además, existen conflictos intrínsecos entre los objetivos de libertad e igualdad: una mayor libertad puede conllevar una mayor desigualdad, mientras que los esfuerzos para igualar los resultados reducen la libertad. La democracia exitosa no depende de la optimización de sus ideales, sino del equilibrio: un equilibrio entre la libertad individual y la igualdad política, y entre un Estado capaz que ejerce el poder legítimo y las instituciones y la rendición de cuentas que buscan restringirlo. Muchas democracias intentan ir mucho más allá a través de políticas que intentan promover el crecimiento económico, un medio ambiente limpio, la seguridad del consumidor, el apoyo a la ciencia y la tecnología y cosas por el estilo. Pero el reconocimiento efectivo de los ciudadanos como adultos iguales, con capacidad para tomar decisiones políticas, es una condición mínima esencial para cualquier democracia liberal.

Los gobiernos autoritarios, por el contrario, no reconocen la igual dignidad de sus ciudadanos. Quizá finjan que lo hacen a través de constituciones pomposas, como las de China o Irán, que enumeran los derechos de los ciudadanos, pero donde la realidad es bien diferente. En dictaduras relativamente benevolentes, como las de Lee Kuan Yew en Singapur, o China con Deng Xiaoping, el Estado adoptó una actitud paternalista hacia los ciudadanos. Se trataba a las personas comunes y corrientes como niños que necesitaban la protección de un padre sabio, el Estado; no se podía confiar en ellos para que decidieran por sí mismos. En las peores dictaduras, como las de Stalin y Hitler, grandes franjas de la población (los kulaks o campesinos ricos, la burguesía, los judíos, los discapacitados, los no arios) eran consideradas basura infrahumana que podía desecharse en nombre de bien colectivo.

El deseo de que el Estado reconozca la dignidad básica de cada cual ha formado parte del corazón de los movimientos democráticos desde la Revolución francesa. Un Estado que garantizara la igualdad de derechos políticos era la única forma racional de resolver las contradicciones que Hegel advertía en la relación entre amo y esclavo, donde sólo se reconocía al amo. Esto es lo que llevó a los estadounidenses a protestar durante el movimiento por los derechos civiles, a los sudafricanos a oponerse al apartheid, a Mohamed Bouazizi a inmolarse y a otros manifestantes a arriesgar la vida en Yangon, Birmania, en las plazas Maidán o Tahrir, o en innumerables confrontaciones a lo largo de los siglos.

Francis Fukuyama. Identidad (Posición en Kindle 719–832). Deusto. 2019. Edición de Kindle. 

Valencia-Estado Carabobo-Venezuela

09 de noviembre de 2019