El derecho de la gente de desobedecer y detener a un mal gobierno.

ENFOQUE LIBERAL – AUTOR INVITADO – EL CANDIL – AÑO IV – N° 157.

El siguiente texto es una transcripción literal de un fragmento del capítulo 19 que trata acerca «De la disolución del Gobierno», perteneciente a la monumental obra de filosofía política, «Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil», de John Locke, célebre filósofo y pensador inglés, padre del Liberalismo clásico cuyas ideas fueron muy influyentes en las futuras gestas independentistas en occidente.

Sugiero encarecidamente al lector que realice una lectura completa y cuidadosa de este texto en función de comprender la excepcional brillantez del genio liberal que fue Locke y de lo sumamente adelantado que se encontraba cuando escribió esta perla de la filosofía, hace más de trescientos años. Asimismo, recomiendo la lectura completa de la obra, la cual es, por mucho, uno de los mejores textos que tratan acerca de la naturaleza, funciones y fines del Gobierno.

La manera en la cual este texto en particular expone el peligro que representan los malos gobernantes y legisladores (cuya descripción calza perfectamente con el perfil de los políticos actuales) para la sociedad y el legítimo derecho que los miembros de esta tienen de desobedecer, detener y cambiar un Gobierno constituido por personajes así, es extraordinaria.

«La razón por la que los hombres entran en sociedad es la preservación de su propiedad. Y el fin que se proponen al elegir y autorizar a los miembros de la legislatura es que se hagan leyes y normas que sean como salvaguardas y barreras que protejan las propiedades de todos los miembros de la sociedad, para así limitar el poder y moderar el dominio que cada miembro o parte de esa sociedad puede tener sobre los demás.

Nunca podría suponerse que lo que la sociedad quiere es que la legislatura tenga el poder de destruir lo que cada miembro quiso asegurar al entrar en sociedad; eso sería contrario a la razón por la que el pueblo se sometió a los legisladores que él mismo estableció. Siempre que los legisladores tratan de arrebatar y destruir la propiedad del pueblo, o intentan reducir al pueblo a la esclavitud bajo un poder arbitrario, están poniéndose a sí mismos en un estado de guerra contra el pueblo, el cual, por eso mismo, queda absuelto de prestar obediencia, y libre para acogerse al único refugio que Dios ha procurado a todos los hombres frente a la fuerza y la violencia.

Por lo tanto, siempre que el poder legislativo viole esta ley fundamental de la sociedad, y ya sea por ambición, por miedo, por insensatez o por corrupción, trate de acumular excesivo poder o de depositarlo en manos de cualquier otro, es decir, un poder sobre las vidas, las libertades y los bienes del pueblo, estará traicionando su misión; y, por ello mismo, estará trocando el poder que el pueblo puso en sus manos, por otro con fines distintos. Y al hacer esto, estará devolviendo al pueblo el poder que este le dio, y el pueblo tendrá entonces el derecho de retomar su libertad original y el de establecer un nuevo cuerpo legislativo que le parezca apropiado y que le proporcione protección y seguridad, que es el fin que perseguía al unirse en sociedad.

Lo que he dicho aquí refiriéndome al poder legislativo en general, es también verdad aplicado al ejecutivo supremo, el cual, al habérsele encomendado una doble misión ?la de tener parte, tanto en la legislatura como en la suprema ejecución de la ley? actúa en contra de ambas cuando decide establecer como ley de la sociedad su propia voluntad arbitraria.

También actúa en contra de lo que se le ha encomendado cuando emplea la fuerza, el tesoro y los servicios de la sociedad para corromper a los representantes de esta y ganárselos para sus propios fines; o cuando abiertamente coacciona a los electores y los obliga a que elijan a quienes, mediante ofrecimientos, amenazas, promesas y demás, ya ha convencido para que colaboren con sus planes personales, consiguiendo de ellos que prometan de antemano a favor de qué van a votar, y qué medidas van a tomar.

Este controlar a los candidatos y a los electores; este amañar los sistemas de elección, ¿qué son sino un tajar las raíces mismas del Gobierno, envenenando así la fuente de la seguridad pública? Porque el pueblo, al haberse reservado el derecho de elegir a sus representantes para proteger de este modo sus propiedades, no podría haberlo hecho con otro fin que el que estos fuesen siempre elegidos libremente, y, una vez elegidos, que libremente actuaran y aconsejaran según lo que, tras cuidadoso examen y maduro debate, se juzgase necesario para el Estado.

Mas quienes dan sus votos antes de oír lo que se dice en el debate y de sopesar las razones que allí se han esgrimido, no pueden hacer esto. Formar una asamblea con hombres así, e intentar hacer pasar a estos esbirros por auténticos representantes del pueblo y por legisladores de la sociedad, es ciertamente el mayor engaño y el mayor síntoma de querer subvertir al Gobierno que puedan imaginarse.

Y si a esto se añaden recompensas y castigos dirigidos claramente a la consecución de tal fin, y se hace uso de todas las artimañas pseudolegales para eliminar y destruir a todos los que son un obstáculo para la realización de tales fines y no se avienen a traicionar las libertades de su país, no habrá ya duda acerca de lo que está pasando.

¿Qué clase de poder habrían de tener en la sociedad aquellos que lo han empleado con un fin contrario al que se les encomendó cuando el Gobierno fue instituido?, es fácil de determinar; y nadie podrá dejar de darse cuenta de que quien una vez ha intentado una cosa así, no puede ser ya merecedor de confianza alguna».

NOTA DEL EDITOR: Tomado de la página «Enfoque Liberal» con autorización del administrador.

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