ENFOQUE LIBERAL – EL CANDIL – AÑO III – N° 147.

En toda sociedad civilizada, la finalidad de la ley es la de procurar una pacífica coexistencia entre quienes habitan el territorio que esta comprende, sea que se trate de personas nacidas y que radiquen en dicho sitio, o de forasteros que se encuentran de paso o que bien decidieron establecerse.

Las leyes son, pues, las normas que rigen la convivencia entre los individuos que componen una sociedad.

La motivación del surgimiento de las leyes y el respeto irrestricto que toda persona les debe es el hecho de que su finalidad es la de proteger y preservar los derechos del individuo.

En este contexto, es el Poder legislativo el encargado de elaborar dichas leyes, no en función de cuántos se alinean con el pensamiento de los parlamentarios que las elaboran, sino en estricto rigor de su consonancia con el resguardo de los derechos.

Por su parte, el Poder judicial se encarga de administrar la justicia con base en dichas leyes, mientras que el Poder ejecutivo las hace efectivas, razón por la cual, el Estado, compuesto fundamentalmente por los tres poderes en mención, goza del monopolio legal de la fuerza.

El problema radica en que existen situaciones en las que, debido a las condiciones que inadvertidamente se pueden suscitar, el Estado, principalmente el Gobierno (Poder ejecutivo) se arroga funciones a través de las cuales someten a los gobernados a su arbitrio, socavando sus derechos y, con ello, subvirtiendo la finalidad por la cual dicha institución fue concebida.

Este tipo de situaciones son comúnmente denominadas como «de emergencia», en las cuales se esgrime una serie de excusas para ir lenta pero efectivamente minando cada uno de los derechos fundamentales del hombre.

Lo cierto es que legítimamente no puede haber ley o decreto alguno que se sitúe por encima de dichas exigencias de la naturaleza de la vida, es decir, de los derechos. Si la ley tiene por finalidad proteger los derechos, sería contradictorio y absurdo pensar que en una ley que contraviene a uno o más derechos es legítima.

Lo que acontece alrededor del mundo en los últimos dos años no es aceptable bajo ningún punto de vista racional y moral, independientemente de que, en teoría, la intención sea la de salvaguardar la vida y salud de las personas. Esto, no obstante, no debe entenderse como una postura contraria a lo que las ciencias de la salud prescriben como lo necesario en este contexto, lo cual va desde la aplicación de vacunas, pasando por la recomendación de métodos de asepsia, uso de mascarillas y distanciamiento que evite posibles contagios, hasta la realización de cuarentenas.

Lo que es indefectiblemente criticable es el hecho de que se empleen mecanismos legales para coaccionar a los ciudadanos a seguir las recomendaciones dadas, amenazándolos con limitar sus libertades de no obedecer, así como presionar a los propietarios de establecimientos a implementar determinadas normas.

Nada que se efectúe en contra de la voluntad de personas inocentes puede ser legítimo ni moral, teniendo presente que la potencialidad no es un hecho en sí mismo, por lo que no implica culpabilidad.

Cierto es que, en el cumplimiento de la protección de los derechos individuales, el Gobierno puede establecer cuarentenas con la finalidad de evitar que personas portadoras de elementos transmisibles y nocivos para la salud puedan contagiar a gente sana, pero tal cuestión no puede extrapolarse a personas que han demostrado objetivamente no encontrarse en dicho estado de salud. Hacerlo, como actualmente sucede, implica contravenir sus derechos sin un sustento plausible.

Básicamente se está cayendo en una ilógica generalización al dar a entender tácticamente que todos ?y no algunos, como realmente es? somos personas tan irresponsables e inconscientes que voluntariamente no somos capaces de cuidarnos y evitar la propagación de la enfermedad, motivo por el cual el Gobierno tiene que indicarnos qué hacer y qué no.

Por supuesto, esta es una evidente política dirigida hacia la fomentación del servilismo y filoestatismo, dos de los pilares del pensamiento colectivista que subyacen al más rastrero populismo político, del cual solo los demagogos se pueden beneficiar.

Seguir normas racionales y objetivas encaminadas hacia la preservación de la vida y la salud ?lo cual implica que no pueden trasgredir derecho alguno? siempre será algo positivo y digno de replicar y difundir.

No obstante, si lo que se pretende es una imposición de las mismas al amparo del poder político y en desmedro de los inalienables derechos del individuo, tales medidas carecerán de legitimidad, y la desobediencia se torna en derecho.

Una vez más, el fin no justifica los medios, y nunca lo hará.

NOTA DEL EDITOR

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