AUTOR INVITADO – ENFOQUE LIBERAL – EL CANDIL – AÑO III – N° 148.
Un tema recurrente en los círculos de discusión de filosofía política es la necesidad del Estado, de lo cual naturalmente se deriva el debate acerca de su legitimidad así como de la moralidad de los impuestos que todos pagamos. Para entender este tema, es necesario partir de la noción de los derechos del individuo.
De entrada, un derecho no es más que el reconocimiento de la libertad de acción de una persona dirigida hacia un objetivo. Por ejemplo, el derecho a la propiedad identifica, establece y ampara la libertad que le asiste a cada individuo para actuar con la finalidad de obtener, conservar y beneficiarse de los valores materiales que su vida le exige para mantenerse, desarrollarse y alcanzar su felicidad, entendiendo por «libertad» la inexistencia de la aplicación de coerción con respecto a cada individuo por parte de sus semejantes, empezando por la coerción que pueden ejercer los gobernantes.
Y dado que el hombre, el cual, a diferencia de los animales no racionales que obtienen los valores que su vida necesita por medio de la caza, feroces disputas territoriales y lo que, dentro de sus límites, puedan recolectar de la naturaleza, se distingue por ser un animal racional, siendo su mente razonadora la facultad que le permite pensar y transformar sus pensamientos e ideas en acciones, se infiere que los derechos son exigencias de la naturaleza de su vida para que pueda prolongar su existencia y darle un sentido a la misma.
No son garantías de que se vaya a obtener algo, sino meramente libertades para obtener, conservar y hacer uso de cualquier bien o servicio que se necesite. Por ello, es coherente afirmar que cada persona nace con derechos, los cuales fueron posteriormente identificados y formalizados en constituciones políticas. Repito, los derechos fueron identificados y formalizados, no fueron creados. Cualquier creación artificial, en lo que a este contexto respecta, es necesariamente ilegítima.
Puesto que en los tiempos de los primeros hombres no existían ni el concepto ni la institución del Estado, lo que imperaba era el estado de naturaleza, es decir, una situación en la que la convivencia con sus semejantes en comunidad estaba guiada por la razón, siendo este un contexto en el cual se procuraba la paz, el apoyo mutuo y la preservación de lo que era propiedad de cada uno: su vida, su libertad, su familia y sus posesiones.
Eran tiempos en los que la justicia era hecha por mano propia, de acuerdo con el criterio del afectado. Pero en virtud de que la razón no es infalible y de que muchas veces se pueden cometer excesos a merced de la ira y las preferencias personales, esto en conjunto con el inevitable incremento demográfico, el cual genera que el control de las relaciones interpersonales sea más complicado de lograr y mantener de forma individual, se hicieron necesarios un árbitro imparcial al cual acudir y una serie de reglas justas que se apliquen a todos y que procuren el mantenimiento de la paz y la sana convivencia, hecho que deriva en la protección de los derechos que, como ya se explicó, naturalmente pertenecen a cada uno.
Y es aquí cuando nace la noción de Estado, lo que hoy conocemos como el conjunto integrado por las instituciones encargadas, en representación de todos quienes integran la sociedad, de elaborar y hacer respetar las leyes que protegen los derechos individuales, siendo el Gobierno (poder ejecutivo, encargado de llevar a cabo las disposiciones dictaminadas por los otros dos poderes), el Parlamento (poder legislativo, encargado de elaborar las reglas de convivencia y fiscalizar al ejecutivo) y la Magistratura (poder judicial, encargado de administrar la justicia) sus elementos neurálgicos. En vista de que el Estado asume el papel legislador y ejecutor de las reglas que protegen los derechos de las personas (quienes originalmente eran los encargados de establecerlas y llevarlas a cabo individualmente), es correcto aseverar que su finalidad es exactamente la misma: la protección de los derechos individuales. Y no puede ser otra.
En este punto es preciso tener claro que: por lo anteriormente explicado, el Estado es una entidad supeditada al consentimiento de los gobernados, pues fue por voluntad de estos que pudo ser posible y, en consecuencia, se sostiene.
Es el siervo, no el amo. Esto ha sido así desde siempre pues, con excepción de pequeñas y muy escasas comunidades (en las que tarde o temprano emergía un mandamás), siempre se hizo necesario delegar el poder de legislar y hacer justicia a un tercero, no solo para que cumpla con imparcialidad la labor que le fue encomendada, sino para que, con el respaldo de la organización que le constituye, avale tanto el respeto de las sentencias dictadas, así como disuada a otros de cometer perjuicio a los demás.
Por supuesto, para que se pueda mantener una entidad de esta naturaleza, es necesario financiarla, y como su finalidad es la de proteger los derechos de las personas, es justo que estas sean quienes proporcionen dicho financiamiento.
Por ello es que cualquier tasa que cada integrante de la sociedad pague con la finalidad de mantener al Estado es una contribución necesaria si y solo si dicho monto es destinado para dicho fin. Es aquí en donde personalmente denomino como «impuesto» a la cuantía que excede la tasa necesaria, lo cual se determina a partir del tamaño del aparato estatal, siendo innecesario financiar dependencias que, valga la redundancia, sean innecesarias para que el Estado, en conjunto, cumpla con la finalidad asignada. Y se trata de un «impuesto» porque directamente se impone a los contribuyentes el pagar por algo para lo cual no solamente no han dado su consentimiento, sino que se pretende emplear para financiar oficinas e instituciones que salen sobrando en la tarea que encomendaron a la entidad estatal.
Ahora bien, la situación se agrava peligrosamente una vez que el erario se utiliza en pro de satisfacer los fines pecuniarios de gobernantes, legisladores, magistrados y de todo funcionario y servidor del Estado que pretenda obtener una cifra mayor que la remuneración que le corresponde por el desempeño de su labor.
Como antes he comentado, los derechos son exigencias de la naturaleza de la vida del hombre para que este pueda sostener y desarrollar su vida, mientras que las reglas de convivencia en sociedad, es decir, las leyes, son normas elaboradas por los representantes políticos que los integrantes de la sociedad eligen para salvaguardar los derechos de estos en pro de lograr y mantener una convivencia pacífica entre todos y así cada uno pueda dedicarse a su vida sin la constante preocupación de que alguien dentro de la sociedad que integra o fuera de esta intente socavar sus derechos.
En síntesis, cada persona abandona el estado de naturaleza para formar parte de una sociedad regida por el estado de derecho con la finalidad de proteger sus derechos. Sin embargo, en la práctica las cosas no se han dado de este modo. Desde la instauración de formas de gobierno que concentraban el poder en un solo hombre, hasta los Estados modernos que constantemente incumplen con su finalidad original al actuar en detrimento de los derechos individuales, se puede afirmar que el hombre se ha encontrado constantemente sometido por inmorales gobernantes. Y a pesar de que en ciertos momentos de la historia aparecieron líderes intelectuales y militares que se sublevaron ante los tiranos que los gobernaban, emancipando con ello a sus naciones y estableciendo formas de gobierno más justas y racionales, no se ha logrado evitar el envilecimiento de quienes acceder al poder político, lo cual deriva en corrupción a nivel institucional y moral.
En la labor de tratar de identificar las causas de este problema, muchos pensadores han llegado a conclusiones tales como que el hombre es malo por naturaleza, que es el entorno el que lo torna inmoral, pero las más acertadas ?a mi criterio? son aquellas que nos dicen que el poder corrompe y que el precio de la libertad es la eterna vigilancia (esta última erróneamente atribuida a Thomas Jefferson).
Ciertamente un gobernante puede guiar su vida por principios morales sólidos, por unos muy endebles, sin moralidad alguna, o encontrarse a medio camino entre un extremo y otro; sin embargo, el meollo del asunto no es ese, sino la determinación de la cuantía de poder que se le va a delegar y el grado de fiscalización al cual se le va a someter.
Si esto se tiene claro y se establecen los límites y medidas necesarias, la moralidad del gobernante, si bien es una cualidad a tener en cuenta, así como la de su entorno, no tendría por qué causar mayor efecto. Pero, entonces, ¿por qué no se hace esto? La respuesta se halla en la naturaleza de los principios que preponderan en la cultura, costumbres e idiosincrasia de las sociedades modernas. ¿Y qué principios son estos?
Aquellos que le enseñan al hombre a ser servil, a delegar responsabilidades individuales al ente estatal, a darle preponderancia al autosacrificio, de lo cual se deriva la noción de que «el Estado somos todos» y del «deber moral» que supuestamente todos tenemos y que justifica el acaparamiento de funciones y, con ello, de poder por parte del Estado con la ficticia finalidad de procurar «justicia social» en favor del bien común.
Aquí entra a tallar la retórica populista y sentimentalista con la que, elección tras elección, miles de políticos inmorales alrededor del mundo convencen a un puñado de personas ?quienes lamentablemente constituyen la mayoría de la población electoral? para que los elijan a cambio de generar «desarrollo y progreso» que, a la postre, solo se refleja en las cuentas bancarias de estos infelices personajes.
Si, en este contexto, las cosas ya han escalado a un punto tan exasperante, ¿qué puede hacer uno? De partida, es necesario tener claras dos cosas: que quienes abogamos por la libertad y un Estado limitado somos y seremos la minoría por mucho tiempo más; y que el cambio no se va a dar en las urnas si antes no se produce en la cultura y moralidad predominantes.
Esto conlleva una constante batalla filosófica de principios e ideas que poco a poco vayan calando en todos los niveles de la sociedad y no solo en un reducido grupo elitista que nada podrá hacer en desventaja numérica, aun si la razón estuviera de su lado. Y, por supuesto, tratar de mantenerse vigilantes ante cada acción que cualquiera que integre el Estado vaya a llevar a cabo, siendo tan exigentes con nuestros representantes políticos como los somos con el tendero que nos entrega un billete falsificado. Los resultados, si se hacen las cosas correcta, prudente y constantemente, siendo conscientes de los errores que se cometan y corrigiéndolos a tiempo, se irán materializando progresivamente.
NOTA DEL EDITOR: Tomado de la página ENFOQUE LIBERAL con autorización de su administrador.
