ÁNGEL ALBERTO BELLORÍN – EL CANDIL – AÑO IV – N° 186.-
En primaria aprendí a leer y aún no me detengo.
Ahora que se debate el dilema de nuevas primarias, pocos escriben sobre las experiencias de las tristemente célebres primarias opositoras del 2012 donde sin duda alguna ganó el chavismo. Por tal razón, es menester escribir algunas reflexiones necesarias en varias entregas.
1.- LA LEGITIMIDAD NUNCA SERÁ SUBORDINADA A LA LEGALIDAD.
Los conceptos de legitimidad y legalidad usados con ligereza igualitarista se escuchan con demasiada frecuencia en discursos vacíos de esencia en esa dinámica superficial y sin contenido racional que imprime la diatriba política imperante en nuestra crisis moral acelerada en revolución.
La historia, analizada bajo la lupa de la racionalidad del presente, nos enseña una enorme cantidad de ejemplos sobre leyes y decisiones inmorales e injustas surgidas del abuso de poder y famosas por su nefasto legado. Por tal razón, ilegítimas en esencia, se mantienen en la discusión académica como ejemplo negativo que no debe repetirse.
Hoy, cómodamente y desde nuestra oficina pudiéramos afirmar que era legítimo no cumplir esa ley o esa orden. Por supuesto, habría que estar en esos zapatos y momento para entender en justo análisis, estar en presencia de un dilema ético que requiere fortaleza y aptitudes especiales en quien las vive y pretende oponerse.
Es por ello que, a nuestros ojos, en el presente, esas personas que en el pasado sufrieron leyes injustas son mártires y quienes las enfrentaron son héroes. ¿Quién sería Sócrates si no hubiese tomado la Cicuta? ¿Bruno si no hubiese sido quemado en la hoguera? ¿Cristo sin la cruz? ¿O Thoreau si no hubiese preferido ir a la cárcel antes que pagar un impuesto previsto en una ley que él consideró injusta?
En pleno siglo XXI, Venezuela está sometida a una legalidad arbitraria de normas injustas, inconstitucionales y abusivas. Sin embargo; los ilegítimos funcionarios autores de la desgracia y muchos políticos cómplices necesarios siguen repitiendo la palabra legitimidad como sinónimo de legalidad.
Para concluir esta idea me permito apoyarme en un párrafo del texto “El poder y el derecho” de Norberto Bobbio y Michelangelo Bovera (1984)
“Quienes ejercen el poder estadal deben estar autorizados para ello por el ordenamiento jurídico, se trata de la legitimidad de origen del poder, pero además dicho poder debe ser ejercido conforme a lo establecido en la Ley, se exige así que el poder no sea utilizado de manera arbitraria, se trata de la legalidad en el ejercicio
Está más que demostrado, con extensa bibliografía, que en Venezuela la ilegitimidad de origen de la gran mayoría de los que ejercen el poder surge casi en forma inmediata al momento de ser aprobado el texto constitucional.
Allí se establecen requisitos fundamentales para ocupar cargos que se obviaron en forma grotesca e impune. Una vez desde el poder, procedieron a modificar el texto constitucional con leyes injustas y arbitrarias para eternizarse en un ejercicio de gobierno déspota, irracional y por lo tanto ilegítimo. Ya hay mártires y héroes patrios por atreverse a disentir.
Por más que intenten modificar su significado, la verdadera esencia de la palabra legitimidad es moral y pertenece a la dimensión ética. Por tal razón, escuchar » legitimidad» en los labios de un político inmoral, ilegítimo y abusador, más allá de hipocresía, es blasfemia.
2.- El CARRIL DE LAS PRIMARIAS
En estricta supremacía constitucional, «las primarias» son Indispensable para otorgar “legitimidad de origen” a cualquier candidato que un partido político pretenda postular en cargos de elección popular.
Se refiere a su aceptación por parte de las bases militantes de ese partido. Por supuesto, es un requisito previo no aplicable a los solitarios que se arriesguen a postularse en su propio derecho e iniciativa personal.
La Constitución de la República expresa un contundente mandato sobre dicho aspecto y en su Artículo 67 establece lo siguiente, Cito:
“Todos los ciudadanos tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. Sus organismos de dirección y sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados en elecciones internas con la participación de sus integrantes…” Fin de la cita.
Con esta redacción, nadie en sano juicio se atrevería a negar que la norma constitucional, compartida además de coherente y precisa, (Serán, no podrán) es ajena a cualquier interpretación diferente, y desde la lógica y la moral conocida es ¡Totalmente legítima!
Si un partido político va a postular a una persona a un cargo de elección popular, esta deberá ser seleccionada por elecciones internas con la participación de “todos sus integrantes”, no de un “cogollo” y mucho menos de una sola persona, como hizo Chávez en el 2012 con su sucesor aún «monarca en ejercicio».
Está norma, interpretada en el contexto constitucional de normas relacionadas en el caso de los órganos legislativos, deja sin soporte argumental las corruptas listas de candidatos que, sin atreverse a medirse, prefieren asegurarse el cambur político con los votos cautivos del partido, violando la carta magna.
Sin entrar a discutir en este análisis otras percepciones personales de legitimidad referidas a “nivel educativo, “nacionalidad regional” y de necesaria “residencia estable”, como factor de conexión de los candidatos con su Comuna, Parroquia, Municipio y Estado; en lo concerniente a postulados por partidos políticos, las primarias sin ser la única, es la primera condición para establecer alguna legitimidad de origen.
3.- LA LEGITIMIDAD DEL VOTO
Visto el mandato que ordena las primarias no me quiero extender en las muchas elecciones anteriores y a la práctica común de los partidos políticos «en revolución» de «negociar» entre ellos e imponer candidatos en eso que llaman «consenso», para evitar las primarias y muchos otros requisitos constitucionales.
La creación constitucional de un poder electoral autónomo tenía como finalidad darle credibilidad al sufragio como expresión de esa supremacía de la carta magna y de la voluntad soberana para ser representado por los mejores ciudadanos, pero tal proyecto fue asesinado antes de nacer.
El secuestro político de ese organismo electoral y demás instituciones de equilibrio del poder, acabó con cualquier sueño republicano y ya en el 2010 publiqué un ensayo sobre ese deber ser.
Sin embargo, para fines didácticos de esta legitimidad de origen, merece mención especial el aberrante vicio de continuar utilizando las listas para llevar a cargos legislativos personas deslegitimadas, más en la dimensión moral que en la constitucional.
Está práctica genera una elemental consecuencia poco discutida que afecta el concepto de legitimidad en su esencia y que alguna vez manifesté como respuesta en una entrevista. «En Venezuela política y ética son dos conceptos excluyentes uno del otro».
El ejemplo que presento como contraste para discutir este otro aspecto necesario en la legitimidad, ocurrió en diciembre del año 2010 en las elecciones para la asamblea nacional. Una diputada elegida en forma uninominal como la Sra. María Corina Machado y uno elegido por lista como siempre lo ha sido, el sr Diosdado Cabello Rondón
No conozco a la Sra. María Corina Machado, ni mucho menos al Sr. Diosdado Cabello; no tengo ningún carnet partidista y nunca me interesó cargo alguno que dependa de un contacto político. Lo que, si conozco, con título debidamente registrado para soportar mi afirmación, es la mancillada Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, constantemente blandida ante las cámaras por muchos que públicamente han jurado cumplirla, hacerla cumplir, y defenderla; pero lejos de hacerlo fueron artífices de su derogación de hecho.
En el mes de diciembre del año 2010 la Señora María Corina Machado irrumpe en el panorama político al ser elegida diputado por el sector geográfico dónde residía en ese momento, identificado como el circuito número 2 del Estado Miranda obteniendo más de 270 mil votos.
Este resultado la convirtió en la legisladora con mayor cantidad de votos en esa contienda; aunque me permito afirmar que con un CNE subordinado al Chavismo, es latente la posibilidad que pudieron ser muchos más. Con esa avalancha de votos, especialistas en el tema de la época, afirman que fue la mayor votación en la historia del legislativo venezolano
Esto, en un país como Venezuela, en vez de reconocerse como el diputado con mayor legitimidad en el Parlamento, colocó a la Sra. Machado en la mira de los francotiradores de la política en especial los del propio partido.
El otro diputado para el contraste es el señor Diosdado Cabello que como ha sido su costumbre, se postuló de primero en la lista de su partido en ese momento por el Estado Monagas dónde nació y de muchacho vendió mango, pero donde no reside desde hace muchísimos años.
Al ser elegido por lista no se puede atribuir votos personalizados para una justa comparación, ni la misma legitimidad de origen de cualquier diputado uninominal, menos aún con la diputada Machado que obtuvo la mayor votación.
Sin embargo, al asumir su investidura como diputado, por pactos propios del acontecer político, el señor cabello, diputado menos votado, es elegido presidente del Parlamento. Poco tiempo después fue famosa aquella parodia dónde el diputado menos votado, botó del Parlamento a la diputada más votada. Eso debe ser algo digno del Guinness.
Para los que quieran apelar a la presunta legalidad del hecho caprichoso del sr Cabello, tengo un ensayo jurídico de la época que demuestra la manipulación y el fraude para que un ilegítimo diputado abuse de la ausencia de un estado de derecho y se cobre la afrenta de esa avalancha de votos que le quitaba el sueño.
4.- COROLARIO NECESARIO: DE PRESIDENTES Y PRIMARIAS
En referencia al voto como fuente de legitimidad de origen para candidatos a ejercer el poder ejecutivo en cualquiera de los tres niveles de gobierno territorial, merece un escrito específico por su complejidad.
En este aspecto, no hay que pasar por alto que Venezuela es uno de los pocos países dónde los acuerdos políticos se han encargado de evitar un mandato Constitucional para obligar la doble vuelta electoral o balotaje. A mí humilde parecer le otorgaría alguna poca legitimidad al incierto sufragio igualitario.
Es necesario escribir sobre estas pretendidas primarias opositoras y revisar las experiencias de aquella ya olvidada del año 2012 dónde el único ganador fue el Chavismo. Sin embargo, prefiero dejarlo para el próximo escrito.
Caracas 02 de octubre del 2022