ROBERTO CACHANOSKY – EL CANDIL – AÑO IV – N° 169.
Roberto Cachanosky dice que el sinnúmero de regulaciones absurdas vigentes en Argentina no es para beneficiar al consumidor, sino principalmente para beneficiar a un grupo reducido de personas en detrimento de millones de consumidores.
Mancur Olson fue un economista y sociólogo (1932/1998) que centró sus trabajos en relacionar la economía y las instituciones (reglas de juego que imperan en una sociedad). Publicó tres libros de enorme valor. El primero fue La lógica de la acción colectiva, el segundo Auge y decadencia de las naciones y el tercero Poder y prosperidad.
Si uno lee el primer libro, La lógica de la acción colectiva, puede entender por qué se adoptan medidas tan disparatadas en Argentina en materia económica. Según su mirada, muchas veces los grupos de menor tamaño están mejor organizados para lograr que el Estado le otorgue privilegios y ganancias extraordinarias a pesar de estar perjudicando a sectores mucho más amplios de la sociedad.
Con un ejemplo se puede ver el sentido del postulado de Olson. Supongamos que hay 10 fábricas de camisas en la Argentina y consiguen que el Estado les de protección arancelaria para restringir la competencia de productores del exterior. Supongamos que cada fábrica produce 10 millones de unidades por año a un precio de $1.000 cada camisa, pero con la protección arancelaria, al restringirse la competencia, pueden elevar el precio a $1.200. En total el sector obtiene una renta de extraordinaria gracias al proteccionismo de $2.000 millones, con un promedio de $200 millones por fabricante.
¿Cuál es el costo adicional que tendrá que pagar cada consumidor por camisa, suponiendo que son 10 millones de clientes?, $200 por unidad.
¿Por qué razón los 10 millones de consumidores no se organizan para frenar el lobby de los productores de camisas al ver que con el proteccionismo a la producción nacional salen claramente perjudicados? La respuesta que daría Mancur Olson es que esos $200 millones que ganan extra cada uno de los productores justifican el esfuerzo de dedicar tiempo a hacer lobby para conseguir esas ventajas y organizarse para defenderlas. En cambio, va a resultar muy difícil que los 10 millones de consumidores se organicen para contrarrestar esa campaña. El beneficio costo-beneficio no da para las mayorías.
Empresas de bajo costo
Esto mismo se puede trasladar al ejemplo de las low costs. El Gobierno acaba de establecer un precio mínimo y máximo para los viajes de cabotaje en avión para obligarla a cobrar más caro y evitar que le quiten clientes a Aerolíneas Argentinas, una empresa altamente ineficiente, impuntual, que les costará este año a los contribuyentes USD 700 millones, a pesar de tener casi el monopolio del mercado interno por las restricciones a los nuevos competidores.
En su momento de crecimiento las low cost llegaron a transportar unos 170.000 pasajeros por mes, interconectando el interior del país sin necesidad de pasar por Buenos Aires. Hoy Aerolíneas tiene una red de rutas similar a la que se le criticaba a los trenes ingleses que, se decía, confluían todos hacia el puerto de Buenos Aires, a modo de abanico.
La pregunta es, ¿por qué la presión de unos pocos burócratas logra perjudicar a millones de personas por año con esto de poner tarifas mínimas para los vuelos de cabotaje superiores a las que regían? Volviendo a Olson, “los grupos más reducidos tienen estímulos para influir y quedarse con ingresos extraordinarios en perjuicio de los grupos más amplios”.
La Cámpora, que domina actualmente la gestión de Aerolíneas Argentinas, se organiza en beneficio de sus integrantes y de un grupo reducido de sindicalistas en perjuicio de millones de consumidores, que tendrán que pagar más por un pasaje de avión o bien dejar de volar y soportar largos trayectos en ómnibus de larga distancia.
Otro ejemplo
También cumple con La lógica de la acción colectiva la prohibición que existió para que el pedido de remises, por la conocida aplicación Uber, pudiera ser utilizada en Comunidad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Los que tenían las licencias de taxis, que suelen concentrar varios permisos en sus manos, no querían la competencia de un nuevo jugador en el mercado e hicieron lo imposible para mantenerse solos.
Unos pocos se beneficiaban con esa restricción en tanto que miles de consumidores no iban a organizarse para contrarrestar el mayor costo que tenían que afrontar por la mencionada restricción de viajar en taxi.
Los ejemplos sobre grupos reducidos que se benefician a costa de amplios grupos son tantos en Argentina como regulaciones absurdas puede haber. Lo que sabemos es que esta nueva restricción a las low costs no es para proteger al consumidor, sino para beneficiar a La Cámpora que controla la empresa estatal como si fuera una propiedad privada y a los dirigentes sindicales que se benefician de dicha restricción, al costo de generarle a la sociedad un cargo de USD 700 millones por año que tienen que aportar los contribuyentes vía los impuestos tradicionales más, últimamente, el impuesto inflacionario.
EE.UU. no tiene línea de bandera y la población puede viajar en avión a precios más convenientes con un mercado desregulado, en 2019 registró un promedio de 3 viajes por cada habitante.
En Argentina, por el contrario, sobre 46 millones de habitantes vuelan al año 19 millones en el mejor de los casos, tomando como referencia 2019 que fue un año de desregulación de las tarifas, es decir pudieron viajar menos de 1 persona por cada 2 habitantes.
Castigo al consumidor
En síntesis, las regulaciones absurdas no son para beneficiar al consumidor, sino principalmente para beneficiar a un grupo reducido de personas en detrimento de millones.
En la Argentina, un grupo de políticos y sindicalistas usan al Estado en beneficio propio y en perjuicio de millones de habitantes, lo cual también se ve en los disparatados costos que tienen para los contribuyentes la sobrepoblación de puestos altamente remunerados en el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales y los concejos deliberantes de los municipios.
Esos grupos reducidos tienen estímulos para organizarse en detrimento de los contribuyentes, quienes en su mayoría desconocen el costo por legislador que debe afrontar cada jurisdicción administrativa.
En definitiva, la Argentina es presa de grupos reducidos que logran usar al Estado para obtener privilegios que se diluyen entre millones de contribuyentes que, por el momento, no tienen estímulos para organizarse y defenderse de la expoliación de esos grupos reducidos, en especial de buena parte de la dirigencia política.
Este artículo fue publicado originalmente en Infobae (Argentina) el 4 de enero de 2022.
NOTA DEL EDITOR: Este artículo fué publicado en la página de «El Cato Institute» y es compartido en «El Candil» con autorización del autor y administradores de la página.
